Corte Suprema permite avanzar plan de Trump para limitar la ciudadanía por nacimiento, pero continúa en disputa legal

La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó al gobierno de Donald Trump a continuar con la implementación de su orden ejecutiva que busca eliminar la ciudadanía automática por nacimiento para hijos de personas sin estatus legal o con permisos temporales en el país.

Esta decisión no implica que la medida entre en vigor de inmediato, pero permite que el plan avance incluso en los estados que se habían opuesto, como Maryland, Massachusetts y Washington. El alto tribunal otorgó un plazo de 30 días antes de su posible aplicación, durante el cual la legalidad de la medida aún puede ser impugnada en otras cortes.

¿Qué cambia con esta resolución?

La decisión no aborda directamente si el plan de Trump es constitucional, sino que limita el alcance de las medidas cautelares que frenaban su aplicación en todo el país. Ahora, esas restricciones solo protegerán a los grupos e individuos que presentaron demandas específicas, abriendo la puerta a que el gobierno continúe implementando la política a nivel administrativo.

El derecho de ciudadanía por nacimiento, conocido como jus soli, se basa en la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que establece que toda persona nacida en el territorio estadounidense es ciudadana, sin importar el estatus migratorio de sus padres. La orden de Trump busca cambiar esa interpretación, limitando la ciudadanía únicamente a hijos de ciudadanos o residentes permanentes legales (titulares de green card).

¿A quién afectaría esta medida?

De entrar en vigor, los hijos nacidos en EE.UU. de personas con estatus migratorio ilegal o temporal ya no recibirían automáticamente la ciudadanía. Incluso podría negarse la ciudadanía a hijos de padres con estatus legal temporal, como estudiantes o trabajadores con visas.

Solo conservarían el derecho a la ciudadanía los hijos nacidos de padres ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales.

Reacciones encontradas en la Corte

La Corte se dividió en líneas ideológicas: los jueces conservadores votaron a favor del avance de la política, mientras que los liberales expresaron su rechazo.

La jueza Amy Coney Barrett, en representación de la mayoría, sostuvo que los tribunales no deben exceder sus facultades al frenar políticas del Ejecutivo. En contraste, la jueza Ketanji Brown Jackson calificó la decisión como una amenaza existencial para el Estado de derecho, y Sonia Sotomayor acusó a la Corte de “seguirle el juego” al gobierno.

¿Qué sigue?

Aunque el plan puede avanzar, todavía pueden presentarse nuevas demandas para bloquear su aplicación en otros estados. Además, el litigio principal sobre su constitucionalidad no ha sido resuelto, por lo que el futuro del derecho de ciudadanía por nacimiento continúa en disputa legal.