Expresidente colombiano Álvaro Uribe es declarado culpable por soborno y fraude procesal
En un hecho sin precedentes en la historia política de Colombia, el expresidente Álvaro Uribe Vélez fue declarado culpable del delito de soborno en actuación penal, dentro del proceso por presuntas presiones al testigo Juan Guillermo Monsalve.
El fallo, emitido por la jueza Sandra Liliana Heredia Aranda desde los juzgados de Paloquemao, convierte a Uribe en el primer exmandatario colombiano condenado penalmente en vida por la justicia ordinaria.
El veredicto se dio tras más de cinco meses de juicio oral y público. Durante las audiencias, la Fiscalía General de la Nación presentó como pruebas centrales una serie de grabaciones, interceptaciones telefónicas y testimonios que acreditan que el abogado de Uribe, Diego Cadena, ofreció beneficios a Monsalve a cambio de modificar su declaración sobre la supuesta relación del expresidente con grupos paramilitares.
Durante la lectura del fallo, la jueza Heredia afirmó que el soborno ha quedado plenamente acreditado y sostuvo que existió una conducta dolosa y reiterada orientada a alterar el curso de una investigación judicial. El caso se remonta a 2012, cuando el entonces senador Iván Cepeda presentó testimonios que vinculaban a Uribe con la creación del Bloque Metro, un grupo paramilitar que operó en Antioquia. En respuesta, la defensa del exmandatario acusó a Cepeda de manipular testigos, lo que abrió la puerta a una contra-investigación que, con el tiempo, se volvió contra el propio Uribe.
Aunque el fallo no es definitivo, la defensa tiene cinco días hábiles para apelar ante el Tribunal Superior de Bogotá. De ser confirmada la sentencia en segunda instancia, el expresidente podría enfrentar una pena de entre seis y doce años de prisión, probablemente en modalidad domiciliaria, debido a su edad y condición de salud.
El fallo ha generado un terremoto político. Diversas voces del espectro institucional y social han calificado la decisión como histórica por el precedente que marca: una justicia que toca, por primera vez, a una figura del más alto poder político. Para muchos, el caso redefine los límites entre la política, la impunidad y la rendición de cuentas en Colombia.
Consultado por los medios, el presidente Gustavo Petro declaró que su deber es proteger la decisión de los jueces y enfatizó que el Estado de Derecho debe estar por encima de cualquier liderazgo individual.
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