Policías de Humberto Moreira y Jorge Torres secuestraron para los Zetas en Coahuila: ONU

El reciente informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), revela que, entre los años 2009 y 2012, policías estatales de Coahuila secuestraron a personas y las entregaron al grupo criminal de Los Zetas.

La situación en Coahuila fue analizada como un caso central del informe del comité que, en líneas generales, concluye que la desaparición forzada se comete en México de forma sistemática, por lo que se debe revisar en la Asamblea General de la ONU. También se analizaron a detalles casos en Jalisco, Guanajuato, Baja California, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Morelos.

La organización encargada de recopilar el caso de Coahuila fue Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), que documentó que, particularmente en Coahuila, existen prácticas sistemáticas en al menos 500 casos de desaparición.

Del total de esos casos, el comité analizó al menos 32 historias de larga data que involucran a 73 víctimas de desaparición, de las cuales 33 continúan desaparecidas.

A partir de las conclusiones de la FIDH, el comité señaló que en Coahuila se registraron al menos dos patrones analizables en materia de desaparición forzada, mismos que se dieron en la administración de Humberto Moreira Valdés, pasando por el interinato de Jorge Torres López y después en la gestión de Rubén Moreira Valdez.

El primero se ubica entre los años 2009 y 2012, periodo en el que se documentaron detenciones de realizadas por fuerzas policiacas estatales, quienes habrían entregado a esas personas detenidas a integrantes de la organización criminal de Los Zetas, que en ese entonces tenía presencia en Coahuila.

El segundo patrón fue ubicado entre 2011 y 2016 y en él se refiere la participación directa de corporaciones estatales en actos de desaparición forzada, donde se incluyen señalamientos directos a grupos de élite como el entonces Grupo de Armas y Tácticas Especializadas (GATE), el GATEM y el GROM.

En los casos revisados, el informe concluye que las víctimas eran civiles y habrían sido seleccionadas como objetivos directos.

También se analizaron casos paradigmáticos como el de Jalisco, estado que lidera actualmente en casos de personas desaparecidas.

Sobre el contenido del informe, la abogada de la organización Familias Unidas por la Búsqueda y Localización de Personas en Piedras Negras, Ariana Bosque, consideró que es un logro para las familias que han insistido en que la desaparición forzada es un problema crítico al que le urgen soluciones.

Es un logro muy importante porque reconoce que, concretamente en Coahuila, las desapariciones denunciadas han sido sistemáticas, generalizadas, y que no solo eso, sino que constituyen delitos de lesa humanidad. En el estado de Coahuila, si bien tenemos mesas de diálogo y de trabajo, no tenemos respuestas objetivas en la localización de personas e identificación de restos humanos, dijo.

Aunque colectivos han encontrado en Coahuila zonas de exterminio en La Laguna, como los sitios Patrocinio y San Antonio del Alto, el informe colocó a Guanajuato y Baja California como los dos con la mayor cantidad de fosas clandestinas y restos registrados, junto con Sonora, Tamaulipas y Veracruz.

En una respuesta sobre el curso del análisis, el gobierno mexicano manifestó que los análisis se concentraban en un número limitado de entidades federativas y señaló que en Coahuila los hechos correspondían a periodos anteriores vinculados a contextos de violencia, y destacó la existencia de marcos legales y mecanismos institucionales de búsqueda.

Sin embargo, el Comité concluyó que los casos documentados, incluidos los de Coahuila y otras entidades, no corresponden a hechos aislados y presentan características de sistematicidad y habrían contado con distintos niveles de participación, tolerancia o aquiescencia de autoridades públicas.

Ante este panorama, el Comité instó a la Asamblea General de la ONU a considerar acciones de cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada para México, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de búsqueda, investigación y atención a víctimas.