EU acusa al gobernador morenista de Sinaloa y a nueve mexicanos por narcotráfico, posesión de armas, y nexos con “Los Chapitos”

Una acusación federal revelada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos coloca bajo la lupa a figuras políticas, administrativas y de seguridad de Sinaloa, incluido el gobernador Rubén Rocha Moya, por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y armas.

De acuerdo con la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos habrían conspirado con líderes del Cártel de Sinaloa para facilitar la importación de grandes cantidades de droga hacia Estados Unidos, a cambio de apoyo político y sobornos.

La acusación señala presuntas operaciones vinculadas con el tráfico de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina, además de delitos relacionados con la posesión de ametralladoras y artefactos destructivos.

Entre los señalados aparecen funcionarios actuales y anteriores de alto rango en Sinaloa. Además de Rubén Rocha Moya, la lista incluye a Enrique Inzunza Cázarez, senador mexicano y exsecretario general de Gobierno de Sinaloa; Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán; así como exfuncionarios de seguridad pública, procuración de justicia y administración estatal.

Según el Departamento de Justicia, los acusados presuntamente utilizaron sus cargos para proteger a líderes del Cártel de Sinaloa, compartir información sensible sobre operativos de seguridad, facilitar el resguardo y traslado de cargamentos de droga y permitir actos de violencia vinculados al crimen organizado sin consecuencias. A cambio, las autoridades estadounidenses sostienen que habrían recibido millones de dólares provenientes del narcotráfico.

Uno de los puntos más delicados de la acusación es la presunta relación de los señalados con la facción conocida como “Los Chapitos”, integrada por hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. En el caso específico de Rocha Moya, las autoridades estadounidenses afirman que presuntamente recibió apoyo de esa facción para llegar al gobierno de Sinaloa mediante intimidación y secuestro de rivales políticos, y que posteriormente habría permitido que operaran con impunidad en el estado.

El fiscal federal Jay Clayton sostuvo que organizaciones como el Cártel de Sinaloa no podrían operar con tanta libertad sin políticos y funcionarios corruptos en su nómina. Por su parte, el administrador de la DEA, Terrance Cole, señaló que la acusación expone un presunto esfuerzo para debilitar instituciones públicas y mantener activa una ruta de drogas hacia Estados Unidos.

La acusación también incluye a Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, exmando de la Policía Municipal de Culiacán, quien enfrenta cargos adicionales por presuntamente participar en el secuestro de una fuente confidencial de la DEA y de un familiar de esa persona. Según las autoridades, ambos fueron torturados y asesinados en octubre de 2023.

Los cargos contra la mayoría de los acusados contemplan una posible sentencia de cadena perpetua o una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión en caso de ser encontrados culpables. Para Valenzuela Millán, los cargos adicionales relacionados con secuestro con resultado de muerte contemplan una sentencia obligatoria de cadena perpetua.

El Departamento de Justicia aclaró que todos los cargos contenidos en la acusación formal son señalamientos y que los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante un tribunal.