Documentos revelan casos de agentes de la DEA coludidos con el narcotráfico

La Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA, ha enfrentado diversos escándalos de corrupción y complicidad con el narcotráfico dentro de sus propias filas, de acuerdo con documentos obtenidos y analizados por The Associated Press en 2024.

Según la información retomada por La Jornada, los documentos mostraron una red de malas prácticas entre funcionarios de la agencia en distintos países donde la DEA tiene presencia, incluyendo casos de lavado de dinero, sobornos, abuso de autoridad y vínculos con organizaciones criminales.

Uno de los casos más relevantes es el del exagente José Irizarry, condenado a 12 años de prisión tras admitir ante el FBI que trabajó con cárteles colombianos para lavar dinero y apropiarse de millones de dólares provenientes de bienes confiscados y pagos destinados a informantes.

Irizarry aseguró que varios colegas, fiscales e informantes participaron en su esquema de corrupción, al que se referían como Equipo América, con operaciones en distintos continentes.

Otro caso citado es el de Paul Campo, exagente de alto nivel de la DEA, acusado junto con Robert Sensi de presuntamente conspirar para lavar millones de dólares y facilitar armas, explosivos y recursos al Cártel Jalisco Nueva Generación.

De acuerdo con la acusación, ambos habrían acordado lavar alrededor de 12 millones de dólares para el grupo criminal y convertir parte del dinero en criptomonedas, además de ofrecer apoyo para la adquisición de drones comerciales y armas de grado militar.

Los documentos también revelaron otros episodios de conducta indebida, como conversaciones entre agentes sobre viajes financiados con recursos públicos, señalamientos por abuso sexual, sobornos a exsupervisores de la DEA y protección a narcotraficantes.

La Jornada también recuerda que en 2015 se dio a conocer que varios agentes de la DEA participaron en fiestas sexuales pagadas presuntamente por miembros de cárteles colombianos. Siete de los 10 agentes señalados admitieron los hechos y recibieron suspensiones administrativas.

Estos casos reabren el debate sobre la credibilidad de la llamada guerra contra las drogas y sobre los mecanismos de supervisión interna dentro de agencias estadounidenses que operan en cooperación con otros países.