Trump podría usar aranceles y T-MEC como presión contra México, advierten expertos

Especialistas advirtieron que el gobierno de Donald Trump podría utilizar herramientas económicas, como aranceles o la revisión del T-MEC, para presionar a México en torno al caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos acusados en Estados Unidos.

De acuerdo con información publicada por El Universal, el Departamento de Justicia de Estados Unidos busca, por ahora, la detención provisional en México de las personas señaladas, mientras se integra un expediente más completo para una eventual solicitud de extradición.

Una fuente del Departamento de Justicia aseguró al medio que la solicitud de detención provisional no implica una declaración de culpabilidad, sino el inicio de un procedimiento legal que debe ser revisado por las autoridades mexicanas.

El abogado Jaime Ortiz, especialista en extradiciones, explicó que México no está obligado a entregar de inmediato a Rocha Moya ni a los demás señalados, pero sí debe tramitar, revisar y turnar el caso a las autoridades competentes, conforme al tratado bilateral de extradición.

Según el análisis citado por el diario, si México no actúa ante una solicitud que cumpla con los requisitos legales, el caso podría escalar más allá del terreno judicial y convertirse en un punto de tensión diplomática y comercial.

El economista Iván Jiménez advirtió que la revisión del T-MEC, prevista formalmente para el 1 de julio, podría convertirse en una herramienta de presión para el gobierno de Trump. Recordó que el mandatario estadounidense ya ha utilizado el comercio como mecanismo de castigo o amenaza en temas relacionados con migración, drogas y seguridad fronteriza.

Los especialistas señalaron que la relación comercial entre México y Estados Unidos no puede separarse de temas como seguridad, fentanilo, frontera y corrupción política, especialmente en un contexto donde Washington acusa a funcionarios mexicanos de presuntos vínculos con el narcotráfico.

Hasta el momento, el Gobierno de México ha sostenido que cualquier acusación debe estar respaldada por pruebas contundentes y debe procesarse conforme a la legislación mexicana.

El caso mantiene abierta una nueva tensión entre ambos países, en medio de la revisión del tratado comercial y de la cooperación bilateral en materia de seguridad.