Sheinbaum ordena coordinación de seguridad con gobierno interino de Sinaloa

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que instruyó al Gabinete de Seguridad a reunirse con la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, para mantener la coordinación en materia de seguridad en la entidad.

La instrucción se da después de que Rubén Rocha Moya solicitó licencia al cargo de gobernador de Sinaloa, en medio de las acusaciones presentadas en Estados Unidos contra él y otros funcionarios mexicanos.

Sheinbaum señaló que el objetivo es ratificar los términos de colaboración entre el Gobierno Federal y el gobierno interino de Sinaloa, con el fin de preservar la seguridad en el estado.

Durante su conferencia de este lunes, la mandataria también se refirió al proceso relacionado con la solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Rocha Moya y otros funcionarios.

Explicó que pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitar a la Fiscalía General de la República analizar si existen elementos de prueba suficientes para que proceda la petición.

La presidenta indicó que, desde la Cancillería, se ha cuestionado a Estados Unidos por qué considera urgente la detención con fines de extradición, y señaló que la FGR pidió más pruebas, al considerar que no se acreditó plenamente la urgencia.

Sheinbaum afirmó que en este caso deben prevalecer tres principios: verdad, justicia y soberanía.

También sostuvo que su gobierno no protege a nadie y rechazó que se utilicen las acusaciones para señalar de corrupción a todo su movimiento político.

La mandataria recordó que México ha colaborado con Estados Unidos en materia de seguridad, incluso con el traslado de 94 jefes de organizaciones criminales que estaban detenidos en el país.

De acuerdo con la interpretación del Gobierno Federal, la petición estadounidense corresponde a una solicitud de aprehensión con fines de extradición por supuesta urgencia, no todavía a una solicitud formal de extradición.

Una vez que Estados Unidos entregue más pruebas, la Fiscalía General de la República deberá revisar el expediente y, en su caso, turnarlo ante un juez de control para que determine si procede.