La fiesta del Mundial afianza la reducción de los asesinatos en México

La fiesta del Mundial de Fútbol atestigua la reducción de la violencia homicida en México, un mal que ha golpeado con insistencia al país en los últimos 20 años, punta de un iceberg gigantesco, la gobernanza criminal, fuente del gran problema del país todavía por resolver. Las noticias son buenas y aparecen rutilantes en el escaparate global. El día de la inauguración del campeonato, el 11 de junio, México registró 30 asesinatos, según el conteo preliminar de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), un mínimo. Este martes, con los últimos datos incorporados a la plataforma, la cifra marcó un nuevo mínimo, 27.

Sacados de contexto, los datos pueden resultar escandalosos, por elevados, pero hay que tener en cuenta de dónde viene el país norteamericano, instalado en recuentos de más de 70 asesinatos diarios a inicios del sexenio de Claudia Sheinbaum, hace apenas año y medio. Antes todavía fue peor. En el año del Mundial de Qatar, 2022, México contó 33.287 asesinatos, a razón de más de 90 diarios, y antes, en el de Rusia, en 2018, la cifra ascendió a 36.685, la segunda más alta de la historia, según el Instituto Nacional de Estadística. A falta de que la dependencia entregue sus cifras finales, 2025, el primero completo de Sheinbaum, podría presentar un descenso considerable, cercano a los 20.000 asesinatos.

Envuelto en problemas de todo tipo —las protestas de los maestros, de las familias de personas desaparecidas, las amenazas constantes de Washington a cuenta de los cárteles del narcotráfico—, el Ejecutivo de Sheinbaum saca pecho de su gran éxito, discutido habitualmente bajo el argumento de que las cifras opacan una realidad más compleja, donde el crimen manda, matando o no. Las cifras levantan también las cejas de activistas y analistas, que señalan que la cantidad de personas desaparecidas en el país, una horquilla que va de 40.000 a más de 130.000, se relaciona con la disminución homicida, hipótesis que no ha sido probada.

Las cifras son las que son y Sheinbaum y su equipo agitan con alegría la hoja de cálculo y las tablas estadísticas. Este mismo martes, en una de las dos comparecencias mensuales que ofrece a la prensa, junto a Sheinbaum, el vocero del Gabinete de Seguridad, Omar García Harfuch, cerraba su intervención con una referencia a los datos. “Se ha registrado una disminución de 46% en el promedio diario de homicidio doloso a nivel nacional”, decía, tomando como referencia el inicio del mandato de la presidenta. “Esto representa 39 homicidios menos cada día. Este mes de mayo es el más bajo desde mayo de 2015”, añadió.

El camino ha sido complicado y el futuro aparece tan desafiante como los meses pasados. El golpe al crimen ha sido importante, pero el monstruo es grande, poderoso. Cuando Andrés Manuel López Obrador dejó la presidencia, a finales de septiembre de 2024, la situación era difícil. México podía contar cada día más de 80 asesinatos, con picos de más de 90. Los grandes conglomerados criminales reinaban en diferentes territorios, caso del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), particularmente en el centro oriente del país. La palabra reinar no es caprichosa: el crimen fungía de gestor de economías, legales e ilegales, intoxicando la vida pública, arrimándola a sus mañas.

Las batallas entre grupos delictivos, parte del panorama en años previos, arreciaban. En Guerrero, Colima, Zacatecas, Baja California o Guanajuato, por mencionar algunos Estados, redes delictivas probaban su músculo en mil batallas, latigazos que alcanzaban al poder político, vinculado con ellas por fuerza, necesidad o ambición. No era una cosa nueva, nacida bajo el amparo de López Obrador. Los gobiernos anteriores habían tenido su responsabilidad, pero el veterano político tabasqueño, temeroso de los excesos de las fuerzas de seguridad en sexenios previos, dio un paso atrás. Siempre pendientes del terreno de juego, las mafias avanzaron.

No es que la situación ahora haya cambiado radicalmente. El reinado criminal continúa en muchas partes del país, pero el Gobierno de Sheinbaum, empujado con fuerza desde el norte, con Donald Trump de vuelta en la Casa Blanca, ha dado un paso adelante. Consciente de la guerra entre facciones del Cartel de Sinaloa, conflicto iniciado en septiembre de 2024, el Gabinete de Seguridad prácticamente desarticuló a la facción principal, Los Chapitos, responsable de la gobernanza criminal en Sinaloa, de acuerdo a la acusación de Estados Unidos contra políticos en el Estado, entre ellos el gobernador, de Morena, como Sheinbaum, y el exsecretario de seguridad, un general en retiro.

La mira se dirigió a Jalisco, bastión del CJNG, grupo que más había crecido en los últimos diez años. En apenas dos meses, las autoridades mataron a su líder absoluto, Nemesio Oseguera, Mencho, que hasta entonces parecía intocable, y detuvieron a su número tres, Audias Flores, El Jardinero. La crisis de personas desaparecidas en ese Estado y aledaños y la evidencia de que el grupo reclutaba forzosamente a jóvenes obligó a la autoridad a actuar. El Gabinete de Seguridad ha intentado golpear también a las redes de complicidad político-criminales, con el operativo Enjambre, en el Estado de México, Jalisco y Morelos, con decenas de autoridades locales detenidas.

La duda ahora es si Sheinbaum y su equipo seguirán desenredando la madeja criminal, el nudo fuertemente amarrado a décadas de impunidad y laissez-faire, condición básica para el avance del crimen y la violencia. Contenidas las mafias, avisadas al menos de que el asesinato y la extorsión no se toleran, el Gabinete de Seguridad sabe que el único camino pasa por profundizar el operativo Enjambre, desenganchar el ejercicio del servicio público de la ambición mafiosa, de una vez por todas. En caso contrario, toda reducción de las tasas de homicidio podría convertirse en algo anecdótico, destruible ante el mínimo titubeo de la autoridad.