Carpeta contra contralor podría judicializarse

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— La Fiscalía General del Estado continúa integrando la carpeta de investigación iniciada por la denuncia presentada contra el contralor municipal de Piedras Negras, José Adrián García Loza, por el presunto delito de prevaricación administrativa.

El delegado de la Fiscalía en la Región Norte I, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, explicó que el Ministerio Público deberá reunir entrevistas, documentos y los demás datos de prueba antes de determinar si existen elementos suficientes para llevar el caso ante un juez.

La denuncia fue presentada por Lorenzo Menera Sierra, exgerente general del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras, por decisiones administrativas que atribuye al contralor. Los señalamientos permanecen bajo investigación y no han sido acreditados judicialmente.

García Loza compareció ante la Fiscalía y ejerció su derecho constitucional a guardar silencio. Esta decisión forma parte de sus garantías como persona investigada, no implica admisión de responsabilidad y no puede utilizarse en su perjuicio.

Rodríguez Ríos indicó que la Fiscalía recabará las versiones de las personas involucradas y agotará las diligencias necesarias antes de resolver si procede el ejercicio de la acción penal o el cierre de la carpeta.

El artículo 395, fracción II, del Código Penal de Coahuila contempla la prevaricación administrativa cuando una autoridad dicta una resolución contraria a disposiciones constitucionales, legales o reglamentarias claras, o manifiestamente opuesta a las pruebas presentadas, y con ello afecta determinados derechos. Corresponde al Ministerio Público demostrar que se reúnen todos los elementos del tipo penal; una inconformidad con una resolución administrativa no configura automáticamente este delito.

Hasta el momento, la carpeta no ha sido judicializada y ningún juez ha determinado responsabilidad penal contra García Loza.

La eventual judicialización tampoco produciría automáticamente una orden de aprehensión. El Código Nacional de Procedimientos Penales permite solicitar inicialmente un citatorio para que la persona investigada comparezca en libertad. Una orden de aprehensión tendría que ser solicitada por el Ministerio Público, justificar una necesidad de cautela y recibir la autorización de un juez de control.