Propone MARS homologar criterios para castigar el feminicidio
El Gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, participó en la Primera Reunión de Seguridad de la Zona Noreste de la CONAGO, en la que propuso homologar los criterios en las penas por el delito de feminicidio en los tres estados del Operativo Noreste.
A esta reunión asistieron integrantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México; el encuentro tuvo como sede el Estado de Tamaulipas.
La Zona Noreste de la CONAGO la integran Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas.
La reunión fue presidida por Silvano Aureoles Conejo, Gobernador de Michoaca´n y Coordinador de la Comisio´n de Seguridad y Justicia de la CONAGO.
En esta reunión los gobernadores expusieron los buenos resultados que se han tenido con el llamado Operativo Noreste, acuerdo de seguridad entre los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, para que las acciones y estrategias seguidas se repliquen en otras zonas de la República.
En su participación, Riquelme Solís expuso principalmente 3 temas:
Que el modelo del Operativo Noreste, del que son parte Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, sea reconocido al igual que el Mando Especial de La Laguna, por los buenos resultados obtenidos en los estados.
Establecer un protocolo de salud y medidas sanitarias en las colindancias de los estados, así como en aeropuertos y carreteras, etcétera, por el tema del coronavirus.
Homologar los criterios en las penas por el feminicidio en los tres estados del Operativo Noreste.
En este último punto, el gobernador Miguel Riquelme propuso crear un protocolo y revisar los marcos jurídicos de las entidades federativas para homologar este delito y mandar un claro mensaje de justicia.
Informó que en Coahuila actualmente se establecen de 40 a 60 años como pena máxima para el delito de feminicidio.
Recordó además que está en aprobación en el Congreso de Coahuila la iniciativa de reforma que él mismo firmó, en conjunto con las tres diputadas de la Comisión de Igualdad (de los tres partidos), donde se propone aumentar la pena máxima hasta 90 años, cuando la víctima del feminicidio sea una mujer embarazada, discapacitada, menor de edad o cuando los hijos presenciaron el hecho.
