Colectivos de desaparecidos piden que la FGR atraiga investigación sobre penal de Piedras Negras

Colectivos de familias de personas desaparecidas recabaron firmas para solicitar a la Fiscalía General de la República (FGR) atraer el caso del penal de Piedras Negras debido a que la investigación en el fuero local no ha sido efectiva; por lo que este martes habrán de realizar un pronunciamiento al respecto. 

Entre 2009 y 2012 Los Zetas, en colusión con agentes del Estado, cometieron crímenes de lesa humanidad en el CERESO de Piedras Negras, incluyendo tortura, asesinatos y desapariciones forzadas, se puede leer en la mencionada convocatoria de firmas. 

Y se indica que el funcionario público local ha sido enjuiciado, sin embargo, no se ha investigado al de alto nivel o a los distintos altos mandos involucrados.

En el documento se indica que, además que, ante la deficiencia de las investigaciones a nivel local y la impunidad que rodea a este caso, solicitan a la Fiscalía General de la República para que ejerza su facultad de atracción e investigue correctamente a los responsables de cometer estas atrocidades.

Lo anterior, refiriéndose al uso del Centro de Rehabilitación Social (CERESO) de Piedras Negras por miembros del crimen organizado para refugiarse y fabricar de artículos para realizar actividades criminales.

El CERESO de Piedras Negras se convirtió en un centro receptor de víctimas y adversarios del propio grupo criminal; al menos 150 personas fueron torturadas y desaparecidas en ese lugar. La prisión de Piedras Negras durante al menos 4 años fue una auténtico campo de exterminio bajo la supervisión, tolerancia y omisión de autoridades, se lee en el documento. 

Es evidente el conflicto de intereses en investigación local sobre desaparecidos en el norte de Coahuila: Ariana García

Ariana Denise García Bosque, representante legal de la asociación civil Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas en Piedras Negras, detalló que en una reunión anterior se solicitó que la Fiscalía General de la República atrajera la investigación del denominado caso Allende. 

Durante la citada reunión se encontraban presentes Alejandro Encinas subsecretario de Derechos Humanos de la Federación, personal de la FGR, así como el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, y Gerardo Márquez Guevara, titular de la Fiscalía General del Estado.

García Bosque detalló que dicha solicitud fue por una serie de circunstancias, como el hecho de que el Gobierno del Estado reconoció la participación de personal que se encontraba bajo el mando de servidores públicos; que van desde el secretario de Seguridad, de Gobierno y, por consiguiente, del gobernador.

Es evidente que existe un conflicto de intereses en este caso, no obstante, ya hay, como lo ha declarado el Fiscal del Estado, órdenes de aprehensión cumplimentadas, es decir, gente que ya está procesada por este caso; al menos por lo que hace a las víctimas que se enunciaron en este ejercicio de acción penal, dijo García Bosque. 

Sin embargo, estableció que hay otro número de víctimas que no están enunciadas en este proceso penal, por lo que consideró que es posible solicitar la atracción de la investigación.

García Bosque manifestó que no van a dejar pasar el contexto de violencia que se vivió en Allende, en Piedras Negras y otros municipios de la región norte de Coahuila; y que se ha hecho público a través de diversos informes en los que han participado.

Tienen que ver con un tema puntual, no solo de colusión, si no que tiene que ver con un tema de aquiescencia. Y más allá de la aquiescencia por parte del Estado, de una participación directa; tan es así que, en los juicios que están entablados en los Estados Unidos donde hay un sentenciado, evidentemente destaca esta teoría en donde los servidores públicos del Estado de Coahuila recibían dinero de la delincuencia organizada para poder realizar todos estos actos de violencia, indicó la abogada.