Revisarán FGE y Familias Unidas 90 carpetas de investigación contra servidores públicos por diversos delitos

Autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la representante legal de la asociación civil Familias Unidas en la Búsqueda y Desaparición de Personas Desaparecidas, analizarán de manera conjunta alrededor de 90 carpetas de investigación por diversos delitos presuntamente cometidos por servidores públicos.

Dicha mesa de trabajo deriva de las reuniones plenarias que tienen de manera periódica Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador de Coahuila, y las diferentes organizaciones de familias de personas desaparecidas; donde se han planteado estos casos de presunta impunidad. 

La segunda reunión se desarrolló el pasado jueves en las instalaciones de la delegación norte I de la FGE con sede en Piedras Negras.

Al respecto, José Ángel Herrera Cepeda, titular de la Fiscalía de Personas Desaparecidas de la FGE, reveló que se reunió con Ariana Denise García Bosque, representante legal de la asociación civil Familias Unidas, derivado de un acuerdo que se tuvo por parte del Fiscal General del Estados con la mencionada abogada, que trae varios temas en diferentes áreas de la dependencia y que se pusieron sobre la mesa.

Los acuerdos fueron precisamente iniciar una mesa de trabajo con la representante de este colectivo, no solamente en el tema de desaparecidos, sino de otros temas que atañen al colectivo y, bueno, ese fue uno de los objetivos principales; se fijaron acuerdos de iniciar esta mesa de trabajo en conjunto con su despacho en compañía de ministerios públicos, para ir avanzando en los trámites que sus representados tengan pendientes.

Mientras que la abogada García Bosque refirió que esta es la segunda reunión en la mesa de trabajo y que la autoridad no cumplió con uno de los acuerdos que consistía en la solicitud de la copia digitalizada de los expedientes dónde inicio como defensora particular y posteriormente como asesor jurídico.

Refirió que algunos corresponden a casos de tortura, que han sido señalados tanto para audiencias ante los juzgados, que se dieron vista y otras que nacen desde las declaraciones ministeriales. García Bosque, señaló que el objetivo es analizar los expedientes, solicitar actos de investigación y en su caso, acordar la suspensión de los elementos que aparecen como probables responsables en estás indagatorias. Y es que, suman 90 las carpetas de investigación en las que aparece como asesor jurídica y que no le fueron entregadas.

El compromiso es que se nos vayan otorgando estás carpetas de investigación para ir analizando que falta en cada una de ellas y generar una acción; tomando en cuenta que el delito de tortura, es de persecución oficiosa, es decir, no depende si la víctima quiere o no quiere continuar con el caso, advirtió la abogada.