Para posicionar el ‘nearshoring’ en México se tiene que resolver el conflicto del crimen organizado

En una columna de Ricardo Raphael, publicada por Milenio, menciona que atraviesa por uno de sus peores momentos, la coordinación entre los gobiernos de Estados Unidos y México para enfrentar el crimen organizado que operan en ambos territorios.

Por lo que Marcelo Ebrard se reunió en Washington con el secretario de Estado, Antony Blinken, para organizar la agenda de discusión que tendrá lugar en enero próximo en el marco de la cumbre de Líderes de América de Norte donde estarán presentes los jefes de Estado de Canadá, Justin Trudeau, de Estados Unidos, Joe Biden, y el anfitrión mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

Sin bien van a incluirse asuntos migratorios y comerciales, no será posible seguir postergando la discusión respecto de la seguridad de la región. La llamada “Norteamérica competitiva”, será una quimera si las empresas criminales continúan imponiendo su desafío constante.

Al mismo tiempo que México desplazó a China como principal socio comercial del la Unión Americana, también lo hizo como principal proveedor de opioides. En este negocio el nearshoring, es decir la relocalización en México de unidades económicas industriales antes ubicadas en Asia, sucedió más rápido.

Entre otros, los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Noreste y la Nueva Familia Michoacana han multiplicado laboratorios donde el fentanilo se transforma para la venta al menudeo dirigida al mercado estadounidense.

Añade que la multiplicación del poder económico ha significado obviamente un crecimiento notable en el poder político y territorial. Las noticias mexicanas informan todos los días sobre la violencia que recorre el país, desde Zacatecas pasando por Guerrero, Colima, Guanajuato, Tamaulipas, Chiapas, Estado de México, Sonora, Chihuahua, Baja California, Sonora o Jalisco.

La libertad y, sobre todo la impunidad, con que operan estos sujetos y, según Mosso, sus 38 lugartenientes, solamente pueden explicarse por la renuncia de las fuerzas de seguridad del Estado mexicano, particularmente del Ejército y la Guardia Nacional, para confrontar a dicha organización.

Agrega que el sentido común dictaría perfeccionar la coherencia de la cooperación entre los dos gobiernos y, sin embargo, hoy la desconfianza bilateral es mayúscula. Ciertamente no funcionó la guerra contra las drogas, orquestada desde el año 2008, a partir del Plan Mérida.

Se realizó una inversión multimillonaria y se perdieron incontables vidas con esta política. Pero el consumo de drogas en los Estados Unidos no se detuvo, el tráfico de armas desde ese país a México se multiplicó y la violencia mordió como no había sucedido nunca en muchas regiones mexicanas.

A partir de la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia mexicana se dio por terminado el Plan Mérida para colocar en su lugar un marco nuevo, llamado “bicentenario” para la seguridad, la salud pública y la seguridad de las comunidades.

Concluye mencionando que el tema de la desconfianza y la fracasada cooperación tendría que ser abordado durante la reunión de líderes de América del Norte del próximo mes de enero. De lo contrario, será mera retórica la pretendida profundización de la integración económica en Norteamérica.