Excolaboradora de García Luna, ahora funcionaria del CJF, firmó contratos por 71.6 mdd, acusa la UIF

Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), achacó a Sonia Vargas Terrero, excolaboradora de Genaro García Luna, la firma de contratos por un monto de 71.6 millones de dólares.

Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador -quien el viernes aseveró que la presidenta de la Corte, Norma Piña, contrató a Vargas Terrero-, Gómez detalló los montos que cada funcionario firmó en la trama de corrupción de García Luna durante dos sexenios.

Gómez reiteró que Vargas figura como firmante en contratos millonarios de la extinta Policía Federal, que son indagados por la UIF y la Fiscalía General de la República (FGR).

“La Policía Federal en el periodo de (Felipe) Calderón, Sonia Vargas Terrero, que actualmente es funcionaria del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), inexplicablemente es responsable de la firma de contratos por 71 millones 600 mil dólares de los Estados Unidos, todos los contratos fueron hechos en dólares, ningún contrato cubrió con los señalamientos legales en relación con hacer investigación de mercado a pesar de ser de seguridad nacional”, declaró.

El pasado viernes, AMLO indicó que la Ministra contrató a Vargas como directora de la coordinación de Administración del CJF, el 1 de abril de 2023.

Sin embargo, fuentes judiciales informaron que el nombramiento de Vargas Terrero lo hizo la Secretaría Ejecutiva de Administración del CJF, y fue aprobado por la Comisión de Administración de ese órgano, en la que no participa Piña.

Vargas Terrero se desempeña como directora de área en la dirección de Control de Nóminas, que forma parte de la Coordinación de Administración regional en la Ciudad de México.

El titular de la UIF reiteró además que el Gobierno de México busca obtener 700 millones de dólares de Genaro García Luna que están en litigio en Florida.

“El juicio fue admitido y va a llevarse a cabo por parte de una corte de Florida, que en este momento se ha detenido porque hubo una apelación presentada por la defensa de los demandados que está por resolverse próximamente y esperemos que no haya ningún problema. Los demandados están sosteniendo que el tribunal no tiene competencia, pero de acuerdo con la ley local, no solamente una ley federal de Estados Unidos, sino también una ley del Estado de Florida donde se está llevando a cabo esto”, declaró.

“El Estado de Florida tiene competencia para la demanda, la restitución de bienes que son producto de entidades ilícitas llevadas a cabo en el extranjero, pero realizadas, invertidas, lavadas, drenadas en el Estado de Florida. Estas son leyes que han ido abriéndose paso en el mundo, son elementos nuevos de estos sistemas de combate a lavado de dinero”, agregó.