México no puede impedir pena de muerte a capos enviados a EU: abogado del Z40

“No hay manera en que el gobierno mexicano pueda impedir la imposición de la pena de muerte”, dijo el licenciado Marco Antonio Avilés, parte de la defensa de Miguel Ángel Treviño, “Z40”, y Alejandro Omar Treviño Morales, “Z42”, exlíderes de Los Zetas, quienes fueron parte del “paquete masivo” de integrantes del narcotráfico mexicano a Estados Unidos.

De acuerdo con el gabinete de seguridad, el traslado de 29 personas relacionadas con delitos de alto impacto fue una solicitud de EU, en la que la decisión le correspondió únicamente al gabinete, asimismo se mencionó que se contaba con información del riesgo de posibles liberaciones y considerando las actividades delictivas a las que se dedicaban se procedió a realizar el traslado.

Por otra parte, el Fiscal General, Gertz Manero señaló que dicho movimiento se fundamento de acuerdo a la Convención de Palermo y la Ley de Seguridad Nacional.

El abogado señaló que no existe manera de que México garantice que no se aplique la condena máxima a las personas que fueron “trasladadas” a Estados Unidos, así como lo insinuó el Fiscal.

“Nosotros tenemos un acuerdo muy claro en el sentido que una legislación como la mexicana que no tiene esa sanción debe ser respetada en los países que nosotros tenemos un convenio. Nuestra garantía es la ley (...) cuando se sujeta a una operación a una convención internacional; como fue en este caso se tienen que respetar las condiciones de esa convección, no hay duda”, señaló el Fiscal en conferencia de prensa al ser cuestionado sobre la posible pena de muerte contra seis narcotraficantes que fueron enviados a EU.

El defensor legal indicó que no hay forma de garantizar esto, en su caso puede promover un recurso en el estado de derecho internacional, sin embargo sólo quedaría en una ‘opinión’.

Ya que la forma en la que se dieron los ´traslados´ fue de forma ilegal y se entregaron a las autoridades estadounidenses sin ninguna garantía de que no se les impusiera la pena de muerte, la cual ahora sí es una posibilidad.

El penalista señaló que la figura jurídica a la que fueron sometidos sus clientes es un destierro “por mucho que quieran justificarlo en que es un traslado esto es un destierro”, dijo.

Asimismo, indicó que era evidente que hubo una violación a todas las suspensiones que se tenían y no como el Fiscal General justificó en conferencia de prensa.

“No se pueden violar suspensiones sobre un procedimiento que es ajeno a esas suspensiones”, declaró Gertz Manero, quien también argumentó que la operación se apegó a lo fundado en la Convención de Palermo y en el artículo quinto de la Ley de Seguridad Nacional.

Sin embargo, Antonio Avilés señaló que sí hubo una violación a las suspensiones, derechos humanos y todo procedimiento que se tuvo que haber realizado antes de trasladarlos a Estados Unidos.

“Aquí debió haberse respetado las formalidades del procedimiento, debieron haber respetado la oportunidad de que un juez emitiera una opinión judicial sobre las excepciones que se tenían”, argumentó.

Durante la conferencia del pasado 28 de febrero el titular del FGR declaró 

“En este caso con una solicitud debidamente fundada del gobierno de Estados Unidos, es como se hizo esto. Sobre la base más estricta de esta ley federal que tiene 20 años de vigencia. El artículo quinto de la Ley de Seguridad Nacional y el artículo 89 de la Constitución General de la República, esas son las bases jurídicas”.

En este sentido, el abogado señaló que el Fiscal se equivoca en la apreciación de la Convención de Palermo y la Ley de Seguridad Nacional ya que no se justificó de forma fehaciente que realmente los señalados fueran un peligro inminente al estar en México o que contribuyeran a ser un problema de seguridad nacional.

Sin embargo, indicó que la situación es desafortunada porque Estados Unidos viola frecuentemente las determinación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“La violación del gobierno mexicano en contra de las personas que extraditaron y propiamente por lo que hace a mis clientes, a los señores Treviño Morales, al Sr. Carlos Alberto pues se hace se magnifica, se duplica como tal porque es entre el argot jurídico conocido que Estados Unidos no acostumbra a someterse a cuestiones a jurisdicciones internacionales”, señaló.

Finalmente, declaró que el término correcto es “destierro y expulsión”, ya que no se aplicó los protocolos que conlleva una extradición y en la que incluso la Secretaría de Relaciones Exteriores pide garantías del gobierno requirente para efecto de que no haya una imposición precisamente de la pena de muerte o de la prisión vitalicia.

“Simplemente fueron a dejar a las personas detenidas a su suerte. Sin ningún compromiso por parte del Estado que los pidió”, concluyó.