Senado aprueba nueva Ley de Telecomunicaciones; oposición denuncia riesgos de censura y vigilancia

Con 77 votos a favor y 30 en contra, el Senado de México aprobó la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que ahora será revisada por la Cámara de Diputados. La iniciativa fue respaldada por Morena, el PT, el PVEM y Movimiento Ciudadano, mientras que el PRI y el PAN votaron en contra.

El dictamen plantea como prioridad ampliar el acceso a Internet en zonas marginadas —en beneficio de más de 15 millones de personas— y fortalecer los medios comunitarios, incluidos aquellos operados por pueblos indígenas y afromexicanos, que ahora podrán acceder al espectro radioeléctrico, vender publicidad y recibir fondos públicos.

También se contempla la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que será sustituido por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), la cual asumirá funciones regulatorias, de conectividad, identidad digital y acceso equitativo a tecnologías. Para equilibrar su poder, se crea la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), con cinco comisionados propuestos por el Ejecutivo y ratificados por el Senado.

La ley impone nuevas obligaciones a medios y concesionarios, como la creación de defensorías de audiencias, códigos de ética y la diferenciación entre noticias y opinión. Además, se redefine el marco legal para la propaganda extranjera, limitándola a contenidos culturales, turísticos o deportivos.

Una de las reservas aprobadas establece que todos los servicios y equipos deberán ser accesibles para personas con discapacidad, y que la CRT podrá intervenir en el control de precios de dispositivos móviles.

Puntos polémicos

Aunque el artículo 109 —que permitía al gobierno bloquear plataformas digitales— fue eliminado tras presión social y de la oposición, persisten preocupaciones por posibles mecanismos de censura. La Secretaría de Gobernación y la ATDT podrán suspender transmisiones que infrinjan los derechos de las audiencias, ahora en general y no solo infantiles, lo que el PAN y el PRI califican como riesgoso.

También se cuestiona el acceso sin orden judicial a datos electrónicos. La nueva ley obliga a que todas las líneas móviles estén vinculadas a usuarios plenamente identificados, y que las compañías almacenen metadatos por hasta dos años. Autoridades como fiscalías, policía o ejército podrán consultar en tiempo real información como ubicación, llamadas y mensajes.

Defensores de la reforma, como el senador Jorge Carlos Ramírez Marín (PVEM), señalaron que el acceso a la geolocalización ya está previsto en la legislación vigente desde 2014. Además, el artículo 182 exige orden judicial para acceder a información privada.

Tras su suspensión en abril, la presidenta Claudia Sheinbaum promovió cinco conversatorios públicos en mayo para incluir voces ciudadanas. Aunque niega que el dictamen promueva la censura, reconoció que es necesario ajustar artículos relacionados con plataformas digitales.

La Cámara de Diputados deberá analizar el dictamen antes del 2 de julio, y se anticipa un nuevo debate sobre sus puntos más controvertidos.