Histórico decomiso de huachicol en Coahuila revela red de contrabando

Tras el histórico aseguramiento de más de 15.48 millones de litros de combustible en Saltillo y Ramos Arizpe, realizado en patios de la ferroviaria Canadian Pacific Kansas City Southern, las investigaciones federales apuntan a la operación de una sofisticada red de huachicol fiscal que involucra a al menos cuatro empresas mexicanas y estadounidenses.

Recientemente, el Gobernador del Estado, Manolo Jiménez, dio a conocer que seguirá la colaboración con los operativos realizados por el gobierno federal encabezados por la Secretaría de Seguridad Pública que preside Omar García Harfuch. Aclaró que la parte de inteligencia la lleva la dependencia federal.

De acuerdo con una investigación difundida por N+, las compañías bajo escrutinio son Ingemar S.A. de C.V., Belar Fuels Company, Crismon Hidrocarburos y Lambrucar, acusadas de haber falsificado documentos para importar y distribuir cantidades de combustible muy por encima de lo autorizado legalmente.

Según el expediente citado por el medio, Ingemar recibió permisos en 2023 para importar cerca de 500 millones de litros de diésel, gasolina y turbosina, y renovó su autorización en 2024 por un valor estimado de 279 millones de dólares. No obstante, se presume que a través de Belar Fuels se movilizó carga no declarada, burlando los sistemas de control fiscal y aduanero.

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga el uso de facturas clonadas, pedimentos apócrifos y direcciones fiscales falsas. Una de las principales estrategias de esta red consistía en declarar 20 mil litros por cada carro tanque, cuando en realidad transportaban hasta 110 mil litros, lo que implicaría un subregistro de cerca del 90% de la carga real.

Las empresas Crismon Hidrocarburos y Lambrucar, presuntamente asociadas con Ingemar y Belar, habrían funcionado como intermediarias para distribuir el combustible ilegal en estados como Coahuila y Nuevo León, utilizando infraestructura ferroviaria, incluidas “espuelas” clandestinas.

Según la consultora Petro Intelligence, este esquema se apoya en tres prácticas clave: el subregistro de litros, la alteración en la clasificación del combustible y el uso de documentación falsa, lo que facilitó el desvío sistemático sin ser detectado por las autoridades fiscales.

El impacto de este contrabando es mayúsculo: se estima que las pérdidas para el erario público podrían ascender a entre 176 mil y 177 mil millones de pesos en 2024, considerando la evasión del IEPS e IVA.

Aunque este decomiso supera cualquier precedente, entre 2018 y 2024, la Guardia Nacional había reportado apenas 1.68 millones de litros de hidrocarburos ilegales asegurados. En contraste, Saltillo y Torreón se han posicionado como los municipios coahuilenses con mayor número de aseguramientos en los últimos años.

En Saltillo, se han incautado 320 mil litros, mientras que en Torreón se han asegurado 500 mil litros. Además, entre 2012 y 2019, la Policía Federal documentó el decomiso de 1.18 millones de litros de hidrocarburos, de los cuales 555 mil fueron detectados en tránsito por Saltillo.

Las investigaciones continúan abiertas, y se espera que en las próximas semanas se emitan órdenes judiciales contra los responsables.