Plantean tipificar delitos contra trabajadores de la educación

El diputado Álvaro Moreira Valdés presentó una iniciativa de reforma al Código Penal de Coahuila para imponer de seis meses a tres años de prisión y de doscientos a quinientos días multa, a quien ejerza intimidación o violencia física, psicológica o digital contra una persona trabajadora de la educación, sea en función de docentes, personal de dirección y supervisión, administrativo o de apoyo en instituciones educativas públicas y privadas en el Estado, por razón de sus funciones o con motivo de ellas.

La iniciativa fue planteada por Moreira Valdés durante sesión del Congreso del Estado, mediante la cual propuso se adicione el Capítulo Cuarto “Delitos contra trabajadores de la educación en ejercicio de sus funciones”, con su artículo 315 bis, al Título Primero “Delitos contra la seguridad de profesiones y la prestación pública de servicios”, del Apartado Segundo “Protección de bienes jurídicos colectivos”, del Código Penal de Coahuila.

Expuso como motivos el hecho de que, si bien las maestras, maestros, directivos, técnicos y personal administrativo que presta sus servicios en escuelas, desempeñan un rol esencial en el desarrollo de nuevas generaciones, “en los últimos años hemos sido testigo de un incremento alarmante en las agresiones contra estos profesionales, lo que no solo pone en riesgo su integridad física y emocional, sino que amenaza también la continuidad y calidad del servicio educativo”.

Subrayó que esta iniciativa parte de esta triste realidad, que las y los docentes están viviendo en el país y de las que, desafortunadamente, el magisterio coahuilense no está exento. 

Apuntó que el personal docente está expuesto a ataques que pueden fragmentar a toda la comunidad: agresiones, acoso, amenazas y hostigamientos en contra de este gremio no son hechos individuales, sino laceraciones profundas a todo el entorno.

El personal educativo interactúa diariamente con cientos de estudiantes en entornos potencialmente volátiles. Este gremio está sujeto constantemente al escrutinio de su labor, asumiendo con frecuencia nuevas responsabilidades y obligaciones con el propósito de salvaguardar el bienestar de niñas, niños y jóvenes.

Esta reforma reconoce la trascendencia social de su labor y el interés público de su tutela. Al mismo tiempo, se alinea con el Protocolo de Erradicación del Acoso Escolar en Educación Básica, fortaleciendo la Escuela Libre de Violencia de la Secretaría de Educación Pública, añadió Moreira Valdés.