Garantizar igualdad y prevenir violencia económica en procesos de divorcio, plantea Beatriz Fraustro

En sesión del Congreso del Estado y mediante una iniciativa de reforma a la Ley para la Familia de Coahuila, la diputada Beatriz Eugenia Fraustro Dávila propuso garantizar la igualdad sustantiva y prevenir nuevas formas de violencia económica; mediante la protección patrimonial, que dota de eficacia al principio de igualdad entre los cónyuges; garantiza la tutela patrimonial durante el proceso judicial, y previene actos de violencia económica que afectan la dignidad y seguridad económica de las personas en procesos de disolución matrimonial. 

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, define la violencia patrimonial como cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia económica de la mujer, incluyendo la transformación, sustracción, destrucción o retención de objetos, documentos personales, bienes y valores; describió Fraustro.

Esta forma de violencia se agudiza durante los procesos de divorcio, cuando una de las partes dispone unilateralmente de los bienes familiares, impide el acceso a recursos financieros o registra propiedades a nombre de terceros con el propósito de evadir responsabilidades económicas, ahondó la diputada.

De acuerdo con Fraustro Dávila, diversos estudios demuestran que los ingresos de las mujeres suelen disminuir entre un 23% y un 40% al año siguiente del divorcio, y que su nivel de vida se reduce en un 45%; mientras que el de los hombres lo hace en un 21%.

La diputada aseguró que esta iniciativa parte de un criterio de justicia distributiva, al reconocer que la protección de los bienes debe hacerse extensiva a cualquier régimen matrimonial, ya sea en la sociedad conyugal o en la separación de bienes; pues, ambas tienen en común el proteger y garantizar la eficacia posterior de los derechos controvertidos que vinculan a los cónyuges.

“No se trata meramente de una reforma de carácter técnico; sino que constituye una respuesta ética y jurídica frente a una realidad social que coloca a miles de mujeres en desventaja estructural al momento de disolver su vínculo matrimonial”, dijo la diputada.

Asimismo, se fundamenta en el principio constitucional de protección a la familia y en los compromisos internacionales asumidos por México; como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Mujeres y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 17), que enfatizan la equidad en la disolución de sociedades conyugales y la prevención de vulnerabilidades económicas en contextos de ruptura familiar.