Ocupa Coahuila segundo lugar nacional en reducción de participaciones federales

Coahuila se posiciona como la segunda entidad federativa del país con mayor reducción en participaciones federales desde 2019, con una pérdida acumulada de entre el 18 y 21 por ciento, lo que ha afectado significativamente la inversión en rubros clave como salud, seguridad, infraestructura y educación, según reveló un estudio del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

De acuerdo con declaraciones de Antonio Serrano Camarena, doctor en Economía y catedrático de la Universidad Autónoma de Coahuila, el recorte a nivel nacional asciende a 613 mil millones de pesos en los últimos seis años, con un patrón que afecta principalmente a los estados gobernados por partidos de oposición.

En el caso de Coahuila, con poco más de 3.5 millones de habitantes, el impacto ha sido particularmente severo, solo por debajo de Chihuahua.

El economista explicó en el programa Contextos de Noticieros GREM, que, si bien algunos estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero han recibido más recursos, el resto del país ha experimentado reducciones significativas, con un promedio de recortes superior al 8.5 por ciento anual.

La constante, según Serrano Camarena, ha sido un modelo de redistribución que favorece a entidades afines al gobierno federal y deja en desventaja presupuestaria a estados opositores.

Señaló que parte del dinero recortado ha sido redirigido a compensar pérdidas provocadas por el llamado huachicol fiscal, es decir, ingresos no obtenidos debido a fraudes o evasión fiscal vinculados a Pemex. Estos ingresos, ya programados en el presupuesto, fueron sustituidos por fondos originalmente destinados a estados y programas sociales, para cubrir lo que en términos técnicos se denomina gastos imprevistos y composición extraordinaria, así como aportaciones a mecanismos de fondeo internacional.

El académico advirtió que estas reasignaciones presupuestarias han generado desequilibrios financieros que ponen en riesgo el cumplimiento de funciones básicas de los gobiernos estatales, especialmente en lo referente a infraestructura pública y atención social.