Descarrilamiento del Tren Maya reaviva críticas a obras de la 4T

El descarrilamiento de un convoy del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ocurrido este domingo en la comunidad de Nizanda, Oaxaca, volvió a poner en duda la calidad, seguridad y viabilidad de los grandes proyectos de infraestructura impulsados por el gobierno federal bajo la llamada Cuarta Transformación.

De acuerdo con reportes preliminares, al menos 20 personas resultaron heridas, lo que motivó exigencias para suspender de manera inmediata las operaciones, hasta que se realice una investigación técnica exhaustiva que determine las causas del accidente.

Este hecho se suma a una serie de fallas registradas en proyectos públicos recientes que, lejos de consolidarse como símbolos de progreso, han evidenciado problemas de calidad, deficiencias en la supervisión y una planeación técnica insuficiente.

Legisladores del Partido Acción Nacional señalaron que el accidente representa un riesgo latente para la población y demuestra que estos megaproyectos han sido inaugurados sin garantizar plenamente la seguridad de los usuarios ni contar con una planeación adecuada.

El incidente ocurre pocos meses después de que especialistas y voces opositoras documentaran diversas fallas operativas y descarrilamientos en el Tren Maya, una de las obras emblemáticas del actual gobierno federal.

Desde su inauguración en diciembre de 2023, el Tren Maya ha registrado al menos 45 fallas técnicas, incluyendo tres descarrilamientos graves en puntos como Tixkokob, Bacalar e Izamal.

Críticos de las obras federales aseguran que estos accidentes reflejan un patrón recurrente: proyectos construidos de manera acelerada, con sobrecostos elevados y sin cumplir con estándares técnicos mínimos.

Además del Tren Maya, otros proyectos señalados por fallas y cuestionamientos incluyen la Refinería de Dos Bocas, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el propio Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, los cuales han enfrentado retrasos, problemas estructurales, sobrecostos y dudas sobre su rentabilidad y seguridad.

Tras el descarrilamiento, diputados de oposición exigieron no solo la suspensión del servicio, sino también la creación de comisiones independientes que revisen la viabilidad, seguridad y transparencia de estos megaproyectos, así como la aplicación de sanciones a los responsables de las fallas técnicas.

Asimismo, se informó que en el Senado se han presentado iniciativas para que el gobierno federal rinda informes detallados sobre el uso de recursos públicos, el mantenimiento de las obras y las posibles responsabilidades administrativas, con el objetivo de evitar que se repitan accidentes que pudieron haberse prevenido.