Congreso recibe iniciativa de Sheinbaum para impedir candidaturas con presuntos vínculos criminales

El Congreso de la Unión recibió la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para crear un mecanismo de revisión de candidaturas, con el objetivo de evitar que personas con presuntos vínculos con la delincuencia organizada lleguen a las boletas electorales.

La propuesta plantea modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y contempla la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, dependiente del Instituto Nacional Electoral. Esta comisión revisaría perfiles de aspirantes registrados por los partidos políticos rumbo a los comicios de 2027.

De acuerdo con la propuesta, los partidos políticos podrían entregar de manera voluntaria sus listas de aspirantes para que sean revisadas por la comisión del INE. Para ello, se consultaría información con instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República.

La revisión tendría como finalidad detectar si existe un riesgo razonable de vínculos con organizaciones criminales. En caso de encontrar elementos de alerta, la comisión informaría al partido correspondiente, pero la decisión de mantener o retirar la candidatura quedaría en manos de cada fuerza política.

Sheinbaum ha señalado que la iniciativa busca fortalecer los controles internos de los partidos y evitar riesgos de infiltración criminal en los procesos electorales, sin violar el principio de presunción de inocencia. También ha insistido en que se trata de casos aislados y no de una situación generalizada.

La iniciativa establece que las personas interesadas en competir por un cargo de elección popular tendrían que manifestar su consentimiento para ser evaluadas por la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas. La información obtenida tendría carácter reservado para no afectar investigaciones en curso.

El planteamiento se da de cara al proceso electoral de 2027, en el que se renovarán diversos cargos públicos. El Ejecutivo federal busca que el mecanismo quede aprobado antes del inicio formal de ese proceso.