México presiona a Estados Unidos por extradiciones pendientes de factureros, exfuncionarios, narcotraficantes y políticos acusados

El Gobierno de México mantiene un nuevo frente de presión hacia Estados Unidos por la falta de respuesta en solicitudes de extradición consideradas prioritarias, entre ellas casos relacionados con factureras, presuntos desfalcos, crimen organizado, el caso Ayotzinapa y exfuncionarios señalados por delitos graves.

De acuerdo con información publicada por El País, la administración de Claudia Sheinbaum ha reclamado a Washington falta de reciprocidad en materia de extradiciones, luego de que México ha entregado a Estados Unidos a 92 personas de interés desde octubre de 2024, en su mayoría relacionadas con narcotráfico.

El reclamo mexicano se centra en que, desde 2018, el país ha solicitado a Estados Unidos la entrega de 269 personas requeridas por la justicia mexicana. Según los datos reportados, 36 solicitudes fueron negadas y 233 permanecen pendientes.

Entre los casos prioritarios se encuentra el de Víctor Manuel Álvarez Puga, abogado fiscalista señalado por presuntos delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y evasión fiscal, dentro de una trama relacionada con empresas factureras y un supuesto desvío millonario de recursos públicos.

También aparece el caso de Rafael Zaga Tawil y otros integrantes de su familia, vinculados por las autoridades mexicanas con el presunto desfalco al Infonavit relacionado con la empresa Telra Realty y una indemnización considerada irregular.

En el caso Ayotzinapa, México ha solicitado la extradición de personajes como José Ulises Bernabé, exjuez de Iguala, y Pablo Vega Cuevas, alias El Transformer, señalado como integrante de Guerreros Unidos. Ambos son considerados relevantes para líneas de investigación relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas en 2014.

Otro expediente destacado es el de Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas y militante del PAN, a quien autoridades mexicanas han señalado por presuntos delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero, desvío de recursos y fraude fiscal. Estados Unidos, según el reporte, ha solicitado información adicional sobre el caso.

La disputa bilateral ocurre en un contexto de alta tensión en seguridad, luego de señalamientos de Estados Unidos contra figuras mexicanas por presuntos vínculos con el narcotráfico y de la exigencia de Washington para que México avance en detenciones y entregas de objetivos criminales.

El Gobierno mexicano sostiene que la cooperación debe ser recíproca y que Estados Unidos no puede exigir entregas mientras mantiene sin resolver solicitudes mexicanas relacionadas con corrupción, delincuencia organizada, trata, desaparición forzada y narcotráfico.