Arranca ruta legislativa por reforma judicial y filtro electoral

El Congreso de la Unión inició un periodo extraordinario de sesiones para discutir un paquete de reformas que incluye cambios a la elección judicial y una propuesta para revisar candidaturas con posibles vínculos con la delincuencia organizada.

La reforma judicial plantea aplazar de 2027 a 2028 la próxima elección de jueces y magistrados, con el argumento de evitar una saturación operativa para el Instituto Nacional Electoral y corregir fallas detectadas en el primer proceso de elección judicial. La propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum contempla que la elección se realice el 4 de junio de 2028.

Entre los cambios previstos se incluye reducir el número de candidaturas en las boletas, endurecer los mecanismos de evaluación de aspirantes y crear una comisión coordinadora para homologar criterios entre los comités evaluadores de los tres poderes de la Unión.

De manera paralela, el Congreso también revisará una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para crear una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas dentro del INE. El objetivo, de acuerdo con la iniciativa, es que los partidos puedan conocer si existen posibles riesgos razonables de vínculos entre aspirantes y actividades delictivas.

La propuesta establece que dicha comisión estaría integrada por cinco consejeros electorales y trabajaría en coordinación con instancias como el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El procedimiento sería voluntario para los partidos y se realizaría bajo criterios de confidencialidad.

Sin embargo, la iniciativa ya generó reservas dentro del propio INE. La consejera presidenta, Guadalupe Taddei, advirtió que el instituto no debe convertirse en juez y parte de una contienda política, al señalar que su función constitucional es organizar elecciones y garantizar certeza, legalidad y transparencia, no validar la integridad de candidaturas.

El paquete legislativo se procesa en un contexto de presión política y de cara al proceso electoral de 2027, en el que se renovarán la Cámara de Diputados, gubernaturas, congresos locales y ayuntamientos en diversas entidades.