Importaciones anómalas refuerzan investigación por huachicol fiscal en Matamoros

Un crecimiento extraordinario en las importaciones de solución de cloruro de calcio por la Aduana de Matamoros reforzó las investigaciones sobre una presunta red dedicada a introducir combustible desde Estados Unidos mediante documentación aduanera falsa.

Un análisis de registros de comercio exterior publicado por El País indica que México pasó de importar aproximadamente 750 mil kilogramos de esa sustancia en 2024 a cerca de 804 millones de kilogramos durante 2025.

Las operaciones se concentraron principalmente en Matamoros entre enero y julio del año pasado. Posteriormente, los volúmenes regresaron a niveles similares a los registrados antes del incremento.

El aumento estadístico, por sí solo, no demuestra que toda la mercancía declarada como cloruro de calcio haya sido combustible. La Fiscalía General de la República deberá determinar cuáles importaciones fueron legítimas y cuáles presuntamente formaron parte del esquema investigado.

La indagatoria comenzó a avanzar después de una denuncia anónima y del cateo de 17 ferrotanques. Según expedientes consultados por medios nacionales, las unidades contenían aproximadamente 1.6 millones de litros de hidrocarburos que habrían sido declarados como una solución química.

En una vertiente más amplia del caso, publicaciones basadas en la carpeta federal señalan que la presunta organización habría introducido más de 144 millones de litros de diésel, gasolina y nafta mediante pedimentos con información falsa.

La investigación involucra presuntamente a empresarios, agentes aduanales, funcionarios y antiguos responsables militares de la Aduana de Matamoros. Algunos son buscados por las autoridades, mientras otros enfrentan procedimientos judiciales relacionados con redes de contrabando de combustible.

El caso muestra que el llamado huachicol fiscal no depende únicamente del robo en ductos. También puede operar mediante documentos aduaneros, empresas importadoras, ferrocarriles, patios de almacenamiento y redes de distribución que aparentan actividades legales.

Las cifras y responsabilidades mencionadas forman parte de una investigación en curso. Las órdenes de aprehensión, imputaciones o vinculaciones a proceso no equivalen a una sentencia, por lo que todas las personas señaladas conservan la presunción de inocencia.