Riesgo de cárcel para sospechosos de delitos fiscales, hoy discuten legisladores la reforma

La Cámara de Diputados votará hoy una reforma constitucional que podría llevar a la cárcel a personas acusadas de delitos fiscales sin necesidad de demostrar su culpabilidad, alertaron expertos. La propuesta busca añadir delitos como defraudación fiscal, contrabando y el uso de comprobantes fiscales falsos al Artículo 19 de la Constitución, lo que implica que los sospechosos enfrenten prisión preventiva oficiosa.

La medida, impulsada desde el sexenio de López Obrador, busca sancionar severamente a quienes utilicen facturas falsas o evadan el pago de impuestos. Sin embargo, ha generado una profunda división en el sector político. 

El diputado Ricardo Monreal, entre otros miembros de Morena, se ha pronunciado en contra de tipificar estos delitos como graves, argumentando que es muy fácil de configurar este delito y advirtiendo que la reforma podría usarse para intimidar a figuras incómodas para el gobierno.

“Genera inseguridad jurídica porque cualquier contribuyente acusado de estos delitos podría ir a prisión sin una evaluación de riesgo, lo cual viola la presunción de inocencia y el derecho al debido proceso,” señaló un experto en la materia que prefirió mantener el anonimato. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado en diversos casos que la prisión preventiva automática, sin análisis del riesgo de fuga u otros factores, afecta derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la libertad y la presunción de inocencia.

Un analista fiscal que pidió anonimato explicó que esta iniciativa es controvertida porque equipara delitos fiscales con otros de alto impacto social, como narcomenudeo o extorsión. “La reforma busca recaudar fondos de manera ‘persuasiva’, pero si se aprueba en sus términos actuales, podríamos ver amenazas a empresarios de cualquier tamaño con acusaciones fiscales que obliguen a acuerdos económicos bajo presión,” advirtió.

Para el especialista el presupuesto del próximo año será alto y dependerá en gran medida de una fiscalización intensiva, que podría alcanzar niveles de “terrorismo fiscal” si se aprueba la prisión preventiva para delitos fiscales.