Denuncia jueza de Coahuila ante la CIDH violaciones a los derechos laborales de las mujeres
La denuncia de violaciones a derechos humanos de las mujeres en el ámbito laboral en México se expuso a nivel internacional por parte de Karina Martínez Jiménez, jueza en materia penal de primera instancia en el Distrito Rio Grande con sede en Piedras Negras.
En conjunto con la Coalición de Mujeres Alas, Dignidad y Justicia Laboral, presentando una petición urgente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, D.C. durante la semana pasada.
En ella se denuncian las violaciones a los derechos laborales de las mujeres en México. Esto, tras la polémica generada por la suspensión temporal de Martínez Jiménez, ordenada por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza (PJECZ).
Por medio de un comunicado, se refirió que la citada denuncia se fundamenta en el contexto de un apartheid laboral de género y las violaciones resultantes de la reforma judicial recientemente aprobada en México.
Dicha petición urgente que fue presentada la semana anterior, argumenta que las mujeres en México continúan siendo objeto de discriminación en el ámbito laboral, lo que afecta su acceso a empleos dignos, recursos económicos y autonomía personal.
También se establece que las mujeres enfrentan violencia laboral y represalias por denunciar violencia y discriminación, lo que perpetúa un ciclo de exclusión y abuso que afecta no solo al ámbito público, sino también a la vida privada de las víctimas.
La violencia contra las mujeres en el ámbito laboral es una de las formas más invisibles y persistentes de violencia de género. Esta violencia no solo impide a las mujeres acceder a una igualdad de oportunidades en el empleo, sino que limita su capacidad para ser autónomas y libres de tomar decisiones por sí mismas, explicó la Jueza Karina Martínez durante la presentación de la petición urgente.
Tanto la Coalición de Mujeres Alas, Dignidad y Justicia Laboral como la jueza Martínez Jiménez, denuncian un patrón de apartheid laboral en razón de género en México, en el que las mujeres son excluidas de ciertas oportunidades laborales y relegadas a trabajos de menor remuneración y con mayor frecuencia sujetos a actos de violencia laboral; según se indica en el comunicado.
Además de señalar que las víctimas que se atreven a denunciar estos abusos enfrentan represalias, tales como despidos injustificados.
En la citada petición también se abordan los efectos negativos de la reforma judicial aprobada recientemente en México.
Se argumenta que las reformas han impactado negativamente el acceso a la justicia, violando las garantías estipuladas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos; por lo que solicitan CIDH una intervención urgente para proteger los derechos humanos de las mujeres trabajadoras, particularmente en relación con los procesos judiciales y los casos de acoso denunciados por la Jueza Karina Martínez Jiménez.
Derivado de lo anterior, se dio a conocer que el gobierno mexicano deberá presentar un informe ante la CIDH en respuesta a la petición planteada. Y en caso de que se determinen violaciones a los derechos de las mujeres, la CIDH podrá emitir recomendaciones para proteger sus derechos y garantizar un entorno libre de violencia y discriminación.
Con esta acción buscan llamar la atención de la comunidad internacional sobre la situación crítica de los derechos laborales y humanos de las mujeres en México. La coalición insiste en que es urgente que el Estado mexicano asuma su responsabilidad en la implementación de medidas concretas para garantizar la igualdad de género en el ámbito laboral y frenar la impunidad que perpetúa la violencia contra las mujeres.
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