Investigan presuntas presiones del gobierno de Samuel García en elección judicial

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) de Nuevo León informó que ha recibido por lo menos diez denuncias en donde se involucra al gobierno estatal en presuntos actos de coacción relacionados con la elección judicial federal del próximo 1 de junio. Estas denuncias provienen de empleados públicos que acusan presiones desde distintas áreas de la administración del gobernador Samuel García.

De acuerdo a información publicada por el diario El Norte, los reportes apuntan a un operativo organizado desde el Ejecutivo local para promover el voto a favor de aspirantes vinculados al proyecto político del mandatario. Las acusaciones señalan una estructura operativa que pretende condicionar el voto mediante mecanismos de control interno.

El fiscal Gustavo Javier Solís, titular de la FEDE, explicó que la mayoría de las denuncias se presentaron de forma anónima, pero todas coinciden en describir una misma estrategia.

Los empleados señalaron que recibieron la orden de entregar sus credenciales del INE y recolectar otras entre familiares y conocidos. En varios casos, quienes se negaron enfrentaron amenazas de despido.

Los testimonios también describen la realización de simulacros obligatorios en los que los participantes simulan el proceso electoral. Durante estas prácticas, deben tomar fotografías de la boleta, su identificación oficial y un código QR individual, cuya función sería verificar que el voto se haya emitido conforme a las instrucciones establecidas.

En una nota previa, El Norte informó que trabajadores de diferentes dependencias estatales, entre ellas la Secretaría de Educación y el Instituto de Control Vehicular, han sido obligados a asegurar una cuota mínima de votos. En algunos casos se han realizado hasta seis simulacros. Durante esas actividades, los empleados reciben un instructivo detallado que incluye un “acordeón” con el nombre, número o color que deben marcar en la boleta electoral.

“Lo que nos han dicho es que nos van a dar el acordeón (para votar): la persona, el color o el número”, relató un funcionario entrevistado bajo condición de anonimato. Esta declaración alude al formato de las boletas utilizadas en esta elección judicial, en la que no se elige únicamente por nombre, como en procesos electorales ordinarios.

La elección en curso se refiere exclusivamente a cargos del Poder Judicial federal. La renovación del Judicial local se encuentra prevista para el año 2027. Por tratarse de un proceso federal, la Fiscalía estatal analiza si continuará con el caso o si lo turnará a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FISEL), dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR).

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer los nombres de los funcionarios involucrados en estas denuncias. La investigación permanece abierta, mientras persisten las preocupaciones por la posible utilización de recursos públicos con fines electorales y por el uso de presiones laborales dentro de la administración estatal.

Con información de Eje Central