Fracking divide la política energética de México; comunidades de la Huasteca temen por sus ríos

La propuesta del Gobierno federal de estudiar una modalidad de fracturación hidráulica con menor impacto ambiental encendió nuevamente las protestas en la Huasteca Potosina, donde comunidades indígenas temen que la extracción de hidrocarburos comprometa sus fuentes de agua y sus territorios.

Representantes de pueblos náhuatl y tének rechazan el llamado fracking sustentable y advierten que el Plan Estratégico de Pemex 2025-2035 abre la puerta a proyectos en yacimientos de formaciones geológicas complejas.

Según organizaciones comunitarias consultadas por la revista Proceso, las áreas consideradas para el aprovechamiento de hidrocarburos abarcarían 17 municipios, 367 comunidades indígenas y más de mil 500 cuerpos de agua.

La principal preocupación es el consumo de agua. Especialistas citados en el reportaje estiman que la operación de un solo pozo puede utilizar entre nueve y 120 millones de litros, además de sustancias químicas empleadas para fracturar las rocas a gran profundidad.

Los colectivos advierten que nueve ríos podrían quedar expuestos a contaminación o sobreexplotación, afectando el suministro de alrededor de 735 mil habitantes de la región.

La presidenta Claudia Sheinbaum sostiene que todavía no existe una decisión definitiva. Su administración integró un comité de científicos y especialistas para determinar si pueden emplearse agua salada, líquidos reciclados y compuestos menos contaminantes en la extracción de gas no convencional.

La discusión enfrenta dos objetivos: reducir la elevada dependencia de México del gas importado desde Estados Unidos y evitar impactos irreversibles sobre el agua, la salud y los territorios indígenas.

Para las comunidades opositoras, cambiar los líquidos o reutilizar parte del agua no elimina los riesgos de la fracturación hidráulica. Por ello, exigen una prohibición legal y que cualquier proyecto energético sea sometido a consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada.

Pemex aclaró que no existen actualmente operaciones de fracking en San Luis Potosí y que el trámite para mantener vigente un permiso de uso de explosivos en pozos previamente registrados no implica nuevas perforaciones.

La controversia, por lo tanto, no gira únicamente alrededor de trabajos que ya estén en marcha, sino sobre el rumbo que podría tomar la política energética nacional durante los próximos años.