Amparos otorgados por el Juzgado Federal exhiben las violaciones al debido proceso en mi suspensión y cuestionan la legalidad del contralor: Lorenzo Menera

El gerente suspendido del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), Lorenzo Menera Sierra, dio a conocer que obtuvo dos amparos federales trascendentes en contra de las acciones emprendidas por el Ayuntamiento de Piedras Negras y la Contraloría Municipal.

De acuerdo con Menera Sierra, el primer fallo judicial favorable se fundamenta en que el municipio incurrió en una flagrante violación al debido procedimiento durante su suspensión como titular del organismo operador del agua. Asimismo, destacó una irregularidad clave en el proceso: la propia Contraloría Municipal reconoció ante el juez federal haber cometido errores en el procedimiento. Aunque la administración municipal pretende reponer este proceso administrativo, la defensa legal ya interpuso los recursos de apelación correspondientes.

El exfuncionario municipal enfatizó que la duración de su suspensión —que ya se prolonga por seis meses— excede por mucho el límite legal establecido, el cual marca un plazo máximo de 30 días para este tipo de medidas cautelares.

Segundo amparo y denuncia por abuso de poder

Respecto al segundo resolutivo, Menera Sierra informó que este jueves el Juzgado Tercero de Distrito del Poder Judicial de la Federación (PJF) le otorgó un nuevo amparo derivado de una denuncia por abuso de poder interpuesta directamente contra el contralor municipal.

La acusación señala que el funcionario aplicó sanciones que escapan de su competencia legal, atribuciones que, según los estatutos, corresponden exclusivamente al Consejo Directivo del SIMAS. Por este motivo, se ha solicitado formalmente su destitución.

Se está pidiendo la destitución del contralor porque nos está juzgando sin siquiera cumplir con los requisitos que marca la ley para ejercer dicho cargo, afirmó tajante Menera Sierra, quien reiteró que mantendrá la defensa legal hasta esclarecer su situación jurídica y laboral frente a lo que califica como actos arbitrarios de la autoridad municipal.