Caso Coahuila, la ruta para tirar el Plan B de AMLO.- Proceso

La permanencia del llamado Plan B de la Reforma Electoral estará en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a partir del viernes 3 de marzo se convirtió en receptora de un gran número de amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidades; esto es, las tres vías de actuación del máximo tribunal.

En el contexto de la entrada en vigor de los cambios en materia electoral que impulsa AMLO, los partidos de oposición y el INE pretenden echar abajo el Plan B guiándose por los argumentos que la Suprema Corte tomó en cuenta para la reciente invalidación de dos reformas electorales en Coahuila, entre ellos, que las modificaciones del mandatario no proceden porque Morena y sus partidos aliados se brincaron etapas del proceso legislativo.

El objetivo de las oposiciones, así como del INE y de ciudadanos que, a título personal reclaman violentados sus derechos políticos, es tirar por completo el paquete de reformas consistente en 429 artículos de las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales; de Partidos Políticos y del Sistema de Medios Impugnación en Materia Electoral, así como de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Para conseguirlo, uno de los argumentos centrales consiste en la viabilidad de pasarle la factura a las bancadas oficialistas por la premura con la que aprobaron el Plan B.

Aun más, el Plan B de la Reforma Electoral fue aprobado el 15 de diciembre en la Cámara de Diputados, con seis leyes reformadas que incluyen, además de las mencionadas, leyes generales de Responsabilidades Administrativas y de Comunicación Social. Estas dos últimas fueron las únicas aprobadas por el Senado también en diciembre, por lo que el Ejecutivo hizo la publicación el 27 de ese mes de manera que entraron en vigor al día siguiente.

Conflictiva desde su presentación en diciembre pasado, luego de no alcanzar los votos para reforma constitucional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador y las bancadas oficialistas, es decir, Morena, PT y PVEM, mantuvieron sus posiciones de transigir a consulta, discusión ni negociación alguna frente a la negativa inamovible de las bancadas del PRI, PAN y PRD que integran la coalición legislativa Va por México, así como MC, que las votaron en contra.

Aunque desde 2021 el PRI admitió al inicio de la LXV Legislatura ciertas posibilidades de reforma al sistema electoral, siempre y cuando se sometieran a un parlamento abierto y una ronda de negociaciones, la iniciativa de la reforma constitucional enviada por el Ejecutivo al inicio del periodo ordinario de 2022 no tuvo oportunidad, pues obviando cualquier consulta o consenso intento votarse por las bancadas oficialistas sin los sufragios suficientes para alcanzarla. Fue entonces que surgió el Plan B, aprobado en Fast Track, brincándose etapas en el proceso legislativo, fue mayoriteada.