Limita Corte Suprema de EU el poder de los jueces para bloquear la orden de ciudadanía por nacimiento de Trump

La Corte Suprema de Estados Unidos asestó este viernes un golpe al poder de los jueces federales al restringir su capacidad para otorgar amplias reparaciones legales en casos, mientras los jueces actuaban en una batalla legal sobre el intento del presidente Donald Trump de limitar la ciudadanía por nacimiento, ordenando a los tribunales inferiores que bloquearon la política que reconsideren el alcance de sus órdenes.

Los jueces, en un fallo de 6-3, concedieron una solicitud de la administración Trump para reducir el alcance de tres órdenes judiciales a nivel nacional emitidas por jueces federales en Maryland, Massachusetts y el estado de Washington que detuvieron la aplicación de su directiva mientras se desarrolla el litigio que desafía la política.

El tribunal ordenó a los tribunales inferiores que reconsideraran el alcance de sus medidas cautelares y especificó que la orden de Trump no puede entrar en vigor hasta 30 días después del fallo del viernes.

En su primer día de regreso al cargo, Trump firmó una orden ejecutiva que ordena a las agencias federales que se nieguen a reconocer la ciudadanía de los niños nacidos en Estados Unidos que no tengan al menos un padre que sea ciudadano estadounidense o residente permanente legal, también llamado titular de una “tarjeta verde”.

A más de 150,000 recién nacidos se les negaría la ciudadanía anualmente bajo la directiva de Trump, según los demandantes que la impugnaron, incluidos los fiscales generales demócratas de 22 estados, así como defensores de los derechos de los inmigrantes e inmigrantes embarazadas.

El caso ante la Corte Suprema fue inusual en el sentido de que la administración lo utilizó para argumentar que los jueces federales carecen de autoridad para emitir medidas cautelares a nivel nacional o “universales”, y pidió a los jueces que fallaran de esa manera y aplicaran la directiva del presidente incluso sin sopesar sus méritos legales.

Los jueces federales han tomado medidas, incluida la emisión de órdenes a nivel nacional que impiden el uso agresivo de la acción ejecutiva por parte de Trump para promover su agenda.

Los demandantes argumentaron que la directiva de Trump entraba en conflicto con la 14ª Enmienda, que fue ratificada en 1868 tras la Guerra Civil de 1861-1865 que puso fin a la esclavitud en Estados Unidos. La cláusula de ciudadanía de la 14ª Enmienda establece que todas las “personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del estado en el que residen”.

La administración sostiene que la 14ª Enmienda, que durante mucho tiempo se entendió que confería la ciudadanía a prácticamente cualquier persona nacida en los Estados Unidos, no se extiende a los inmigrantes que están en el país ilegalmente o incluso a los inmigrantes cuya presencia es legal pero temporal, como los estudiantes universitarios o los que tienen visas de trabajo.