Vuelve a la corte el decreto de Trump contra ciudadanía por nacimiento; buscan proteger a todos los niños afectados

Este jueves se llevará a cabo una audiencia clave en Concord, Nueva Hampshire, para determinar el futuro del controvertido decreto del expresidente Donald Trump que busca eliminar la ciudadanía estadounidense por derecho de nacimiento, una medida que fue bloqueada por tribunales federales pero que ahora regresa a la discusión judicial tras un fallo reciente de la Corte Suprema.

El juez federal Joseph Laplante, quien anteriormente ya había suspendido la aplicación del decreto por considerarlo inconstitucional, escuchará los argumentos de abogados de derechos de inmigración que solicitan la certificación de una demanda colectiva. Esta incluiría a “todos los niños actuales y futuros” afectados por la orden ejecutiva firmada por Trump el 20 de enero, así como a sus padres.

El decreto, titulado “Proteger el significado y el valor de la ciudadanía estadounidense”, establece que el Gobierno federal no emitirá documentos de ciudadanía a niños nacidos en suelo estadounidense si sus padres se encontraban ilegalmente en el país, o solo de forma temporal. Para los defensores de derechos civiles, esto contradice directamente la Decimocuarta Enmienda, que otorga la ciudadanía a todas las personas nacidas en Estados Unidos.

La audiencia de este jueves representa una prueba temprana del nuevo alcance de los tribunales federales, después de que la Corte Suprema limitara el mes pasado la facultad de los jueces de emitir órdenes judiciales a nivel nacional, aunque mantuvo abierta la puerta para frenar políticas mediante demandas colectivas.

Entre los representantes propuestos de esta clase colectiva están una solicitante de asilo hondureña embarazada que vive en Nueva Hampshire, y un hombre brasileño cuya esposa dio a luz en marzo, pese a no contar con estancia legal. Los abogados argumentan que los hijos de estas personas enfrentarían consecuencias graves si el decreto se aplica, como apatridia, pérdida de derechos civiles y riesgo de deportación.

Cody Wofsy, abogado de la ACLU, declaró que “ningún tribunal ha coincidido con la administración en esta cuestión constitucional. Todos han declarado inconstitucional el decreto, por lo que esperamos prevalecer nuevamente”.

Aunque la Corte Suprema indicó que el decreto no podrá aplicarse durante 30 días, el Gobierno ya puede comenzar a diseñar su implementación. Mientras tanto, diversos tribunales en todo el país se preparan para revisar sus propias órdenes judiciales en los próximos días y semanas.

El fallo que emita el juez Laplante podría bloquear nuevamente la aplicación del decreto a escala nacional si se certifica la demanda colectiva y se concede la medida cautelar, lo que representaría un revés significativo para el equipo legal de Trump.