Demandan mineros de El Pinabete al Gobierno Federal

Los cinco mineros sobrevivientes a la tragedia en El Pinabete –ocurrida en agosto de 2022– demandaron al Gobierno Federal y a la que fue su secretaria del Trabajo , Luisa María Alcalde, ahora dirigente nacional de Morena, por permitir el funcionamiento de la mina en medio de graves condiciones de inseguridad laboral.

Gerardo Pérez Pérez, representante legal de los mineros, precisó que mientras el Gobierno Federal enarbola como una bandera publicitaria el cuerpo del último minero localizado al interior de El Pinabete, sus representados viven en la línea de la subsistencia diaria, sin recursos para lo más elemental.

“Han sido víctimas de la abulia, la negligencia y la indiferencia de las autoridades federales”, señaló y acto seguido explicó que los mineros sobrevivientes no son atendidos por el gobierno de la cuarta transformación y a la vez son víctimas de abuso por parte de sus empleadores.

Las ocasiones en que la presidenta Claudia Sheinbaum ha visitado la región Carbonífera de Coahuila, los mineros han buscado plantear la problemática que enfrentan, sin embargo la mandataria no ha tenido ni un minuto para escucharlos, precisó el abogado.

Pérez Pérez recordó la visita a la región minera del senador Gerardo Fernández Noroña, quien tampoco tomó en cuenta a los afectados.

“Tristemente, el Gobierno Federal ha convertido el rescate de los muertos en un botín mediático, pero se ha olvidado de los vivos que también son víctimas”, comentó.

Los mineros actualmente presentan graves daños y traumas psicológicos, además, sus patrones los recategorizaron y les bajaron el sueldo.

Aunado a lo anterior, los mineros tienen que recorrer decenas de kilómetros para recibir atención médica, viven en Nueva Rosita, pero fueron asignados a una clínica en Ciudad Acuña en el extremo más alejado de la frontera coahuilense.

Dos meses antes de que feneciera la posibilidad de interponer algún recurso legal, los mineros sobrevivientes buscaron al abogado Pérez Pérez, conocido en el Estado como un profesional del derecho que defiende a las personas de escasos recursos que son víctimas de arbitrariedades y abusos.

En mayo de 2024 fue presentada la demanda de responsabilidad administrativa en contra de la Secretaría del Trabajo y de Luisa María Alcalde, quien en ese tiempo fungía como titular de la dependencia federal.

A juicio del abogado, la Secretaría del Trabajo es corresponsable de la afectación que sufrieron los mineros toda vez que pudo haber verificado el funcionamiento de la mina y cancelado su operación ante las graves condiciones de riesgo laboral que presentaba.

Sin embargo, la Secretaría del Trabajo no canceló la operación de la mina y el 3 de agosto de 2022 se presentó la inundación que ocasionó la muerte de 10 trabajadores.

Gerard Pérez dijo que actualmente el asunto se encuentra en manos de la Secretaría del Trabajo, pero en caso de una resolución desfavorable llevará el caso hasta el Tribunal de Justicia Administrativa.

“Ciertamente no soy una hermana de la caridad, pero esta gente no tiene la posibilidad económica de pagar una representación legal por eso en este caso yo solo cobraré a resultas, es decir si se logra una indemnización económica”, indicó.

Cada uno de los 5 mineros está pidiendo una indemnización de entre 6 y 8 millones de pesos.