Red de huachicol fiscal involucra a marinos, aduanales y empresarios; buques usados para traficar armas

La investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) contra el llamado “huachicol fiscal” ha destapado una de las tramas de corrupción más grandes en el país, donde confluyen empresarios, funcionarios aduanales y mandos de la Secretaría de Marina.

De acuerdo con los expedientes, buques de gran calado eran utilizados no solo para introducir combustible de contrabando, sino también para traficar armamento destinado a grupos criminales. Uno de los casos más relevantes fue el del Challenge Procyon, asegurado en Altamira con 10 millones de litros de diésel, armas, vehículos y casi 200 contenedores.

La red contaba con la protección de altos funcionarios y era capaz de detener por completo operaciones en aduanas estratégicas, como la de Tampico, para descargar hidrocarburos mediante cientos de pipas. Según estimaciones oficiales, las pérdidas fiscales derivadas de estas prácticas alcanzan cientos de miles de millones de pesos al año.

Entre los señalados destacan empresarios como Héctor Manuel Portales Ávila, ligado a la empresa Servicios Portales Avante; Anuar González Hemadi, con vínculos en el sector aduanal; y José Ramírez Guardado, relacionado con compañías fachada que facilitaban la facturación de combustibles de contrabando. De acuerdo con la investigación, varios de ellos utilizaron “prestanombres” para simular operaciones legales y encubrir el origen ilícito del combustible.

En el ámbito militar, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, junto con al menos cinco marinos bajo su mando, aparece como pieza clave en la red. Su posición en la Unidad de Protección Portuaria permitió, según la FGR, manipular operaciones en Altamira y Tampico para el ingreso irregular de los buques.

Reportes periodísticos advierten que al menos siete personas vinculadas con el caso han muerto en circunstancias violentas o sospechosas, incluyendo mandos navales y exfuncionarios aduanales. Esta serie de muertes ha generado inquietud sobre el nivel de riesgo para quienes participaron en las operaciones o en las indagatorias.

A esta red también se suma Roberto Blanco Cantú, conocido como “El Señor de los Buques” y también identificado como Roberto Brown, considerado un operador clave en el contrabando de hidrocarburos. La FGR obtuvo órdenes de aprehensión en su contra y de tres socios, por su participación directa en el uso de embarcaciones para descargar combustible ilegal en puertos mexicanos. Debido a su doble nacionalidad, México solicitará el apoyo del gobierno de Estados Unidos para su captura. Actualmente es considerado prófugo de la justicia.

Este escándalo golpea directamente la reputación de la Secretaría de Marina, institución considerada durante años un bastión contra la corrupción, y que hoy aparece en el centro de una de las tramas criminales más escandalosas de los últimos tiempos.