Aumentos excesivos de impuestos generarían presión inflacionaria, advierte Coparmex

Luego de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció que impondrá aranceles a diversos sectores para protegerlos de la competencia china, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que un aumento excesivo en los gravámenes podría generar presiones inflacionarias y afectar los procesos productivos.

Si bien el objetivo debería ser el equilibrar la balanza comercial, una reforma que no logre conciliar la eficiencia operativa con el combate a prácticas ilegales terminaría por deteriorar la competitividad del sector productivo, impactando especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas, que requieren trámites ágiles y eficientes para poder crecer.

Al realizar un análisis sobre el Paquete Económico 2026, el organismo que encabeza Juan José Sierra comentó que el incremento en impuestos puede afectar la confianza de inversionistas.

El aumento del IEPS a bebidas saborizadas, tabaco, apuestas y videojuegos con contenido violento, así como la eliminación de la deducibilidad de la cuota que pagan los bancos al IPAB, representan señales de incertidumbre fiscal que pueden desincentivar inversión, aun cuando no existe evidencia de que estos impuestos reduzcan el consumo.

En tanto, el combate a factureras es necesario, sin embargo, los límites para la defensa del contribuyente y la garantía del interés fiscal erosionan la certeza jurídica.

También, la Coparmex sostuvo que es inquietante que el compromiso del déficit para el 2025, establecido en 3.9%, se esté estimando en 4.3%. Sin embargo, es positivo que las principales calificadoras internacionales ratifiquen la confianza en la política fiscal del gobierno.

El Paquete Económico 2026 propone un gasto total de 10.1 billones de pesos, con ingresos estimados en 8.7 billones, lo que genera un déficit y un nivel de endeudamiento de 4.1% del PIB, apenas por debajo del proyectado para 2025.

Para la Coparmex este escenario se basa en supuestos optimistas de crecimiento económico de entre 1.8% a 2.8%, que dependerán de las garantías que otorgue el gobierno a la inversión, la seguridad y la certeza jurídica para sostener la recaudación y estabilizar las finanzas públicas.